El debate sobre los pagos sin contrato vuelve a tensionar la política en Oliva

Esteban Carpio | 05 May 2026

El Gobierno defiende "avances en la regularización", mientras el PSOE y el PP denuncian falta de transparencia y posibles irregularidades

La gestión de los pagos sin contrato ha reabierto el enfrentamiento político en el Ayuntamiento de Oliva, donde el equipo de Gobierno (PRO-UCIN) y la oposición mantienen posiciones enfrentadas sobre el control del gasto público.

La portavoz del PSOE, Ana Morell, ha criticado una supuesta "falta de información a la ciudadanía", mientras que el líder del Partido Popular, Germán Salazar, ha exigido la "corrección inmediata de prácticas ilegales" en materia de contratación.

El Ejecutivo ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado que "los datos fueron presentados públicamente en el pleno celebrado el pasado 30 de abril, donde se analizó la situación de las facturas con reparo de legalidad".

Según cifras de la Intervención municipal, estos importes han experimentado una reducción significativa en los últimos años. En 2022, durante el mandato de Compromís y el PSOE, alcanzaban los 5,64 millones de euros, mientras que en 2025 se sitúan en 3,6 millones.

El Gobierno ha interpretado esta evolución como una "tendencia positiva hacia la regularización", aunque reconoce que el objetivo es "continuar reduciendo cifras".

También ha destacado una "mejora en el control técnico de las facturas con una caída de los importes sin validación", que han pasado de 1,96 millones en 2022 a 241.619€ en 2025.

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