Un juez de Gandia condena a un menor incapacitado a pagar 12.000 euros
Ondanaranjacope | 24 Nov 2016
Sus padres se preguntan por el papel de la Fiscalía de Menores que es quien tiene el deber de proteger a quien, por edad y máxime por su incapacidad, no puede defenderse.
Un menor de 8 años de edad, de Gandia, con un retraso por parálisis cerebral cognitiva, crisis compulsivas por epilepsia, y con un grado de discapacidad del 75% ha sido condenado por un Juez de Gandia a pagar 12.000 euros de las costas de un juicio que, en teoría, era para beneficiarle y poder seguir pagando un tratamiento que sigue en Galicia.
La historia se remonta cuando, sus padres y dado que el menor no tiene capacidad legal para obrar solo al estar incapacitado, interpusieron un procedimiento para poder vender el piso que está a nombre del menor y poder seguir pagándole un tratamiento en un municipio gallego que, según se ha demostrado, le ha permitido pequeños pero para él, grandes avances.
El juzgado de primera instancia Nº 1 de Gandia admitió la petición de sus padres para la enajenación de bienes del menor y dispuso conceder la autorización para llevar a cabo la venta del piso de Gandia. Eso sí, sin necesidad de pública subasta pero en las condiciones más beneficiosas para el menor. El juez señala además que los padres tendrán la obligación de informar al juzgado la cantidad que obtengan de la venta y el destino del dinero, coste del tratamiento médico y rehabilitador al que está sometido el menor, traslados, estancias y manutención), por lo que aprueba la venta.
El problema surge cuando, fruto de un error, se presenta una demanda para desalojar a los actuales inquilinos que residen en la vivienda propiedad del menor y el juzgado de primera instancia e instrucción Nº 2 en el que recae la demanda, no lo aprueba. Es más, falla en contra del menor incapacitado condenándolo a que pague 12.000 euros en concepto de costas judiciales.
El juzgado no da marcha atrás a pesar que los padres han requerido que se trata de un error dado que no debía de plantearse una demanda de desalojo sino una modificación de medidas.
Sus padres, que tienen la tutela y la guardia y custodia del pequeño no entienden que un menor incapacitado pueda ser condenado. Y se preguntan por el papel de la Fiscalía de Menores que es quien tiene el deber de proteger a quien, por edad y máxime por su incapacidad, no puede defenderse.
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