El nuevo Consejo de Administración de IPG de Gandia descubre 16 pagarés sin asiento contable por valor de 700.000 euros
Ondanaranjacope | 25 Jun 2015
Estos pagarés fueron firmados por Arturo Torró hasta unos días antes de cesar como alcalde.
El nuevo Consejo de Administración encargado de la liquidación de IPG ha descubierto un total de 16 pagarés por valor de 700.000 euros que no estaban reflejados en ningún asiento contable de la empresa pública. Los pagarés fueron firmados por el anterior presidente de la empresa pública y ex alcalde, Arturo Torró, hasta días antes de abandonar su cargo.
Esta información ha sido explicada por tres de los miembros de este Consejo de Administración: Vicent Mascarell (PSPV), Carles Vendrell (Més Gandia) y Daniel Martí (Ciudadanos). Además han mostrado una diligencia firmada por el interventor municipal y la Tesorera para avalar sus palabras.
Mascarell ha explicado cómo se enteraron de la existencia de los pagarés. Según su relato, fue la antigua consejera de IPG, la popular Lola Moncho, (que también es miembro de la actual consejo de administración) que les llevó el jueves a intervención municipal en un sobre cerrado para que se procediera a su pago.
La intervención municipal ha explicado la situación en el Consejo de Administración de IPG y ha dado orden de que no se pagara nada sin asiento contable, como es este caso. "No estaban contabilizados, y aún no sabemos si existe algún contrato al respecto. Ni siquiera los contables de la empresa pública sabían nada del tema, ni reconocen tampoco que hayan sido ellos los que los crearon, como podía ser norma habitual con este tipo de documentación bancaria ".
Mascarell ha apuntado que los pagarés llevan fecha de 1 de junio, días antes de que Arturo Torró cesara como alcalde, que ascienden a cerca de los 700.000 euros, y que tienen una fecha de vencimiento de finales de junio y principios de julio: "Esto lo firmó Torró, enterado de que la empresa pública sólo tiene unos 6.000 euros en el banco ". Mascarell ha explicado además que desde el banco le han informado de que hay más pagarés de este tipo que aparecerán en los próximos días.
"Cada día estamos asistiendo a episodios como este, y poco a poco vamos conociendo cómo era el funcionamiento de esta entidad. La verdad es que la situación es dramática. No sabemos cuál será el volumen de la derrota. Tenemos la sensación de que estamos sentados en una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento ", explicó el socialista.
Ante esta situación, el nuevo consejo de administración de IPG contratará a un servicio jurídico para que todo el proceso se haga de la manera adecuada: "Queremos hacer las cosas bien, por respeto a las personas, a los trabajadores que hay, que tienen derecho a cobrar, y también por responsabilidad con este consejo de administración. Eso sí, se depurarán las responsabilidades que haya, sean políticas, patrimoniales o penales de aquellos que durante cuatro años se pensó que el Ayuntamiento y el IPG eran sus 'cortijos' particulares ".
El consejo de administración se ha encontrado con "una situación mucho peor de la que esperaban" y reconocen que no saben todavía cómo harán frente a las nóminas, los despidos de los trabajadores, etc. Mascarell relató los siguientes pasos que se darán a la empresa pública: "De momento, no se renovará ningún contrato, excepto para los servicios esenciales de la ciudadanía. Debemos hacerlo bien, en los despidos se respetarán siempre los derechos de los trabajadores".
En la misma línea se ha expresado el miembro de Més Gandia en el Consejo de Administración, Carles Vendrell, quien explicó que "esto no será una caza de brujas, sino que tan sólo queremos cerrar esta etapa oscura del IPG y poder mirar adelante para trabajar con normalidad, y si hay responsabilidades del tipo que sean, se tomarán las acciones que correspondan".
Finalmente, Vendrell explicó que al contrario de lo que ha dicho recientemente el ex alcalde Arturo Torró, la empresa pública no podrá contar con el dinero de la licitación de los chiringuitos para hacer frente a pagos: "IPG adelantó el dinero de los chiringuitos por su cuenta y riesgo, sin ninguna encomienda del Ayuntamiento. Ahora el Ayuntamiento no puede devolver el dinero a la empresa pública, tal como informó el interventor municipal".
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