Compromís y dos concejalas denuncian que Villalonga contrate a un detective

Ondanaranjacope | 29 Aug 2017

El alcalde socialista, Enric Llorca, utiliza los servicios de un detective privado para demostrar que un trabajador municipal de baja laboral estaba realizando actividades de obra en una vivienda particular y utilizando medios, materiales y servicios municipales prevaleciéndose de su condición de empleado público.

Compromís per Villalonga y las concejalas no adscritas Alícia Gomis y Lydia Reig han denunciado que el alcalde de Villalonga, el socialista Enric Llorca, ha contratado con cargo al presupuesto municipal los servicios de un detective privado para que investigara a un trabajador municipal que, estando de baja por ansiedad fue sorprendido trabajando en una vivienda particular y utilizando medios y servicios municipales.

Desde Compromís con el apoyo de las dos edilas se destaca que el trabajador expedientado con 3 años sin empleo y sueldo estaba de baja por ansiedad y se había enfrentado al alcalde Llorca. Además, señalan en un comunicado, el alcalde le recriminó en público que era ''un gos'' y ahora se ha sabido que durante los meses de noviembre y diciembre pasado el alcalde ''con el objetivo de espiar al trabajador'' contrató con dinero público a un detective privado.

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Este detective, siempre según la versión de Compromís y las dos edilas Gomis y Reig, fue contratado para averiguar qué hacía durante la baja y así conseguir pruebas que, estando de baja, acudió a su huerto a trabajar y a casa de un cuñado que estaba haciendo obras.

Expedientado y 3 años sin empleo y sueldo

El expediente municipal incoado al trabajador considera probado que desde las 7.30 a las 13.00 horas aproximadamente y durante varios días y diversos meses, estuvo realizando actividades de obra y albañilería en propiedad ajena, además de utilizar la condición de empleado público para acceder a dependencias y verter escombros y material de obras en parcela municipal valiéndose de la llave que tenía como responsable de la brigada de obras municipal.

El expediente incoado al trabajador municipal, con las pruebas aportadas por el detective privado, ha motivado que sea suspendido en firme de sus funciones, tanto empleo como sueldo, con una duración de tres años que se hace efectiva a partir del día siguiente a la notificación al empleado público.

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El trabajador puede impugnar la resolución de la alcaldía ante el Juzgado de lo Social de Valencia en el plazo de 20 días hábiles desde su notificación.